04/03/2016 |
Constató irregularidades en varios de estos predios; busca atacar el contrabando y el narcotráfico.
La nueva gestión de la Aduana llegó con mano dura. Pero no en el sentido de la anterior administración, donde toda importación era una amenaza. Por el contrario, busca terminar con prácticas desiguales en los controles e irregularidades conocidas en el ámbito del comercio exterior pero no denunciadas, fruto de años de temor a las represalias.
Los primeros en sufrirla son los depósitos fiscales, predios donde se almacenan las mercaderías de importación antes de ser libradas al mercado, y que cuentan con funcionarios de la propia Aduana para realizar las tareas de verificación y cobro de aranceles.
Las primeras auditorías ordenadas por la gestión del director general, Juan José Gómez Centurión, arrojó irregularidades en los procedimientos y sospechas de contrabando. La Aduana decidió cortar por lo sano y ya son varios los depósitos fiscales que perdieron su licencia para operar, entre ellos, Dodero, Carestiba, Censer, Depósito Fiscal de Carácter General Logística Central (estos tres últimos son los del Mercado Central) y Logexpor. Los cinco perdieron su habilitación hoy, y se sumaron a Lo Primo II, el primero en ser cancelado el 26 de febrero, y uno de los depósitos fiscales más importantes. Y los intimó a abandonar los predios en un plazo de 60 días.
En los fundamentos de sus resoluciones, la Aduana señala que cada depósito fiscal es un permisionario del servicio aduanero y son zonas primarias aduaneras donde la autoridad puede revocar el permiso cuando lo considere necesario. Según el organismo, hay 198 depósitos fiscales en el país y serían demasiados. Puede que en un depósito el funcionario aduanero lleve varios años trabajando allí. "Esto confunde; se olvida que trabaja para la Aduana y cree que trabaja para el depósito fiscal", aseguraron desde la institución. En varios casos recientes encontraron que se desconsolidaron contenedores de madrugada. Para realizar tal actividad es necesaria la clave del verificador o guarda aduanero, y aseguran que es improbable que estuviera allí en ese horario.
La Aduana constató "la falta de identificación de los sectores destinados al almacenamiento de cargas de importación y exportación" y se amparó además en el decreto 228, de este Gobierno, que declaró la "Emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado".
La Aduana quiere atacar dos objetivos en el corto plazo: el contrabando (donde los textiles lideran el ránking) y el narcotráfico, no sólo de la droga que sale simulada en exportaciones sino la que ingresa en el país en operaciones de comercio exterior "en tránsito".
En el primer caso, analizaron estadísticas de contenedores de importación y verificaron el peso de la carga que traía cada contenedor de 40 pies: venían sólo con 3000 kilos de carga. Hicieron pasar por canal rojo (control exhaustivo de documentación y mercadcería) a todos los contenedores de importación cargados con menos del 40% de su capacidad. Y descubrieron que ninguno de esos contenedores fueron retirados del puerto todavía.
El puerto es el primer ingreso de la mercadería que ingresa en fraude marcario y de contrabando, que termina comercializándose en canales informales e incluso en la calle.
Asimismo, apunta a enfrentarse con una práctica enquistada en el organismo, como la discrecionalidad en los controles. Fuentes de la Aduana aseguraron a LA NACION que se avanzará con la figura del operador económico autorizado, a quien se le facilitarán las operaciones si brinda garantías de trazabilidad en toda su cadena. Esta figura, impulsada por la anterior administración fue también interrumpida en su implementación sin mediar mayores explicaciones.
La Aduana invertirá antes de mediados de año alrededor de $ 400 millones en infraestructura y escáneres y en 20.000 precintos electrónicos que permitirán la trazabilidad satelital de la mercadería que se encuentre en tránsito.
Gomez Centurión trabajó con Mauricio Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el propio Macri lo convocó a hacerse cargo de la Aduana. Es licenciado en Estrategia y Organización y doctor en Ciencia Política. Además, es veterano de la Guerra de Malvinas, paracaidista militar y comando, y mayor retirado del Ejército Argentino.
Fuente:
LA NACION
